La “nueva ley de alquileres” es un paliativo que no soluciona el drama de la vivienda

Hoy se trató en la Legislatura porteña una modificación en la Ley que regula el funcionamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la llamada “Ley de alquileres”. El proyecto impulsado por el PRO y aprobado mayoritariamente, tomó solo una de las tantas demandas de las asociaciones de inquilinos,esto es, que la comisión en el contrato de alquiler la pague el dueño de la propiedad y no el inquilino, como sucede en la actualidad y que se cumpla con el tope del 4,15%. Esto último estaba en la ley actual 2.340 y nunca se respetaba, pues el órgano de contralor era el Colegio de los propios corredores inmobiliarios. Desde el FIT presentamos una propuesta para que se tomaran las otras demandas de los inquilinos como la gratuidad de las firmas en la rúbrica del contrato, la posibilidad de que los trabajadores tanto públicos como privados tengan como garantía de pago su recibo de sueldo y no la actual exigencia de una propiedad en CABA, entre otras demandas de los inquilinos.

Laura Marrone, legisladora por Izquierda Socialista en el FIT declaró: “Si bien entendemos que el hecho, de que el inquilino deje de pagar la comisión, puede significar un pequeño avance, consideramos que no ataca el problema de fondo del acceso a la vivienda. En CABA las torres de lujo crecen como hongos, encareciendo aún más los terrenos y sin resolver los problemas de vivienda para los sectores populares. La especulación inmobiliaria y la concentración de la propiedad es cada día mayor. Así, en el año 2001, el 70% de la población era propietaria y el 22% alquilaba, mientras que según datos del 2015 de la Encuesta de Hogares, se redujo al 50% la población propietaria de su hogar, aumentando el número de los que alquilan, pasando a constituir el 35,2% de la población. Estas cifras evidencian que cada vez más personas alquilan, mientras miles de trabajadores son expulsados de la Ciudad por el encarecimiento de los alquileres y las enormes dificultades para acceder a una vivienda propia”.

Marrone agregó: “En este contexto, el censo 2010 indicó que en la Ciudad hay 341.000 inmuebles ociosos, a lo que propusimos cobrarles un impuesto, ya que si tal cantidad de propiedades donde no vive nadie se pusieran en alquiler, se conseguiría tener una mayor oferta y por lo tanto bajar los precios de todos los alquileres. Esta medida atacaría la especulación inmobiliaria y combatiría el crecimiento desmedido de los precios de los alquileres en relación al salario que se sigue deteriorando”.

Marrone finalizó: “Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda planteamos que la condición de inquilino debe ser transitoria. La vivienda, junto con la alimentación, la salud y la educación, son los derechos básicos que se le deben garantizar a toda familia trabajadora. Nos abstuvimos en la votación de esta nueva ley del PRO porque consideramos que no sólo deben ser consideradas las otras demandas de los inquilinos, sino que sostenemos que tiene que haber un plan de construcción de viviendas populares, financiado sobre la base de fuertes impuestos a las grandes empresas radicadas en la Ciudad, el no pago de la deuda externa y cobrarle un impuesto a las viviendas ociosas”.

 

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