Nota II: A PROPÓSITO DEL PRESUPUESTO 2022 PARA EDUCACIÓN Y EL PROGRAMA DEL FITU

El proyecto de Ley de Presupuesto 2022 presentado por el Gobierno Nacional para su tratamiento en el Congreso destina el 5% a educación: $667.115.000.000 de un total de $13,2 billones. Esto representa el 1,36% del PBI estimado para el próximo año. El proyecto reafirma que el compromiso es lograr el 6% del PBI que estableció la ley de Financiamiento Nº26075 como gasto consolidado nacional (GCN) pero sobre la base del esquema actual: el gobierno nacional sigue siendo el socio menor del gasto educativo, aportando 1$ por cada 3$ que deberían aportar las provincias y CaBA. Cabe consignar que la meta del 6% anunciada en 2005 para el 2010 nunca se cumplió. Según el el Banco Mundial la inversión más alta se dio en 2015 llegando a 5,776% del PBI para luego caer a 5,462% en 2017.

Un presupuesto insuficiente

Pero aún ese presupuesto es insuficiente para responder a las necesidades estructurales de nuestro sistema educativo y coyunturales de la pandemia. En primer lugar, señalemos que a las universidades se les destina el 50% aproximado del total del presupuesto: 335,7 mil millones. En realidad, un 82% de lo esperado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que preveía que fuera de 407,9 mil millones. Esto ha despertado indignación en las universidades dado que normalmente el 85% de sus fondos son para salarios y en este caso, el presupuesto pretende abarcar un año y medio de los mismos.

Veamos que ocurre con el resto de los niveles. Según el Observatorio Argentino de la Educación antes de la pandemia el 58% de los mayores de 25 años no había terminado la secundaria. Pero que esa situación era más grave aún si se analizaba por nivel de ingresos. Entre los más bajos solo el 32% terminaba la secundaria, en cambio en los más altos la cifra ascendía a 87%. Esta realidad se ha agravado con la pandemia y se extiende como problema a todos los niveles. Encarar la recuperación de los estudiantes que se retrasaron y más aun, encarar un plan para superar la brecha preexistente requiere más recursos humanos y materiales. Esto supone más cargos docentes que realicen tareas de tutorías pedagógicas para apoyar la reinserción de estos estudiantes, cuestión que el presupuesto nacional no contempla reforzar con partidas extras a las diferentes jurisdicciones. Se necesita un plan de becas para sostener la cursada de los estudiantes con menos recursos. El Plan de Becas Progresar 2022 es de $38.478.763.389 para un millón de becados. Esto significa que cada uno recibiría $38.478 en todo el año. Una cifra irrisoria para sostener una cursada anual, pagar boletos, una merienda, textos escolares.

Otro tema llamativo es el promocionado Plan Juan Manso para alcanzar la educación digital. El presupuesto dispone $76.382 millones para distribuir 1.000.000 netbooks nuevas y 100 equipos de laboratorios digitales. Pensemos que nuestro sistema atiende a una población escolar de 13 millones de estudiantes, más 2,25 millones de estudiantes universitarios. Si la mitad de esa población es pobre, lo que permite estimar que en su mayoría no disponen de una computadora o las que posee una gran parte de esos estudiantes son precarias para los requerimientos de una conectividad sincrónica, estamos lejos de satisfacer la necesidad de educación digital que se anuncia. A su vez, el plan anuncia extender la conectividad a 35.000 escuelas, pero nuestro sistema tiene alrededor de 65.000 unidades educativas. Además, no basta decir que se conecta una unidad educativa, hay que precisar si esa conectividad tendrá la velocidad suficiente para garantizar clases sincrónicas y de cuantos estudiantes por escuela. Otro aspecto a considerar es la capacitación docente. Se estima en 30.000 docentes para el 2022, pero hay más de un millón de cargos docentes. Con ese ritmo, el estado requeriría aproximadamente 33 años para una ronda de capacitación del cuerpo docente de todo el país. Implícitamente, se deja librado a la iniciativa de cada docente su capacitación en establecimientos privados pagados de su salario o que gran parte de ellos quede sin capacitar. Algo similar ocurre con la formación docente para la ESI. Se prevé capacitar a 50.000 docentes en 2022. Esto supone un plan a 20 años. En los dos casos tememos que el mundo haya cambiado y las escuelas también.

Finalmente, el problema de la infraestructura. Si queremos encarar un plan sanitario serio, con ventilación cruzada, para prevenir nuevos picos de pandemia del Covid-19 o nuevas pandemias, necesitamos ampliar la capacidad de cada aula, y reducir la cantidad de estudiantes por clase a un óptimo de no más de 20 a 25. Además, se necesita encarar un plan urgente de construcción de establecimientos para el nivel inicial que arrastra un déficit de vacantes grave en todo el país. El presupuesto anuncia que construirán 1778 salas de jardines de infantes como parte del Programa Fortalecimiento edilicio de Jardines de Infantes para lo que se destinarán $34.910.494.638. Recordemos que durante el gobierno de Macri prometió la construcción de 3.000 jardines y más tarde lo transformó en un compromiso de 9.000 aulas. Según su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, al cierre de su mandato habrían llegado a construir 877 jardines, aproximadamente la tercera parte de lo prometido. Pero el incumplimiento en las metas siguió con el nuevo gobierno. Según informe de UNICEF, al vencimiento del segundo cuatrimestre de 2021, de las 645 aulas previstas construir para el nivel inicial solo se habían construido 75. Y del plan de Infraestructura escolar que atiende al resto de los niveles, de las 338 previstas, solo se finalizaron 71[1]. Es decir que llevamos un atraso de varios años en las metas anunciadas. El presupuesto anunciado para 2022, superior a los dos años anteriores, sin embargo, solo cubriría vacantes de 3 a 5 años, quedando siempre sin resolver el problema de la primera infancia que tanto afecta a las madres trabajadoras. Aunque insuficiente, quedará por verificar si aun estas metas se cumplen.

Un modelo de financiamiento injusto

Otro aspecto que hay que replantear es el modelo de financiamiento de este presupuesto que se asienta en las reformas del estado de 1990 según las exigencias del Banco Mundial y organismos internacionales entonces. Estas reformas impusieron la transferencia de los niveles educativos inicial, primario, medio y superior a las provincias. Esto supuso que el estado nacional se deslindara de su responsabilidad de sostener la educación para así liberar recursos para el pago de la deuda externa. Este diseño no fue modificado en sus matrices centrales en las leyes posteriores del gobierno de los Kirchner, sostenidas luego por el gobierno de Macri. La ley de financiamiento 26075 que el presupuesto 2022 afirma como su referencia, ,sólo sirvió para paliar en parte la desigualdad, pero no la desterró. A lo largo de 30 años, este modelo ha cristalizado la desigualdad en el gasto por alumno entre las distintas jurisdicciones y también dentro de cada jurisdicción entre la escuela pública y la privada. Todo esto ha favorecido la fragmentación del sistema y ha provocado la profundización de la privatización del mismo. La diferencia de inversión por alumna o alumno varía de 1 a 3 según las provincias. Solo para el 2.018, la jurisdicción con menos esfuerzo presupuestario (17% de su tota), CABA, invirtió $92.252 por estudiante, mientras que el mismo signo de gobierno, al otro lado de la General Paz con un esfuerzo del 26% invirtió la mitad, $53.339.

Esta desigualdad ha sido acompañada con una vergonzante política de subsidiar a la educación privada por parte de los estados, lo que ha profundizado la fragmentación social del sistema educativo. Santa Fe y Córdoba están a la cabeza rondando entre 25 y 30% de sus presupuestos para subsidiar a las escuelas privadas. Ciudad de Buenos Aires destina $18.051.000.000 a subsidiar a la escuela privada en 2021, poco más que el presupuesto del municipio de la Matanza que tiene 2.500.000 habitantes. Esta privatización hace de cada establecimiento escolar un gueto de clases sociales que no socializan, no subjetivan a sus nuevas generaciones en el conocimiento y respeto de otros que no se conocen, por lo tanto, no construyen la humanización de vínculos. Esto quebranta los lazos sociales, y es simiente de violencia y mayor exclusión. De este modo se ha ido destruyendo el carácter público de nuestras escuelas estatales, en el sentido de un espacio de todos, más allá de que sea gratuito el ingreso a las misma.

El cáncer de la deuda externa

El proyecto afirma que el cronograma de pago por compromisos de la deuda externa de U$S 20.000.000.000 es insostenible por lo que aspira a acordar con el FMI una prórroga del pago en 2022 y solo pagaría $1.101.000.000. Coincidimos en que ese pago es insostenible, lo que nos sorprende es que se nos quiera hacer creer que se puede lograr la prórroga sin nada a cambio. Se sabe que los Acuerdos de Facilidades Extendidas del FMI con los que acepta refinanciamientos, por ejemplo, son a cambio de condicionamientos como pérdida de derechos laborales, reducción de jubilaciones y salarios, entrega de recursos naturales, pérdida de soberanía, entre otros. Pero mientras se posterga la publicidad de los acuerdos hasta después de las elecciones y sobre la base que gobierno y oposición están dispuestos a negociar con el Fondo, el propio presupuesto 2022 ya asume la entrega de un monto equivalente a más del doble de lo que tiene pensado destinar a educación: el 12% de su total.

Las propuestas del FITU

Desde Izquierda Socialista y el FITU venimos sosteniendo que no se puede seguir pagando con el hambre del pueblo, con la destrucción de la economía y en el caso que nos ocupa, de la propia educación. Pero eso no se logra con un párrafo en el presupuesto ni una declaración en la prensa. Para romper con el capital financiero usurario se requiere la decisión de luchar en las calles, en unidad con el resto de los pueblos latinoamericanos, y a ello convocamos a todos los que digan que están dispuestos a hacerlo.

Es necesario eliminar todos los subsidios a la educación privada de los presupuestos educativos de la nación y de las provincias, que el estado absorba las escuelas privadas que no puedan sostenerse, integrando a sus plantas funcionales con igualdad de derechos a su personal docente y no docente. No es esta una medida extravagante, ni siquiera socialista, que es nuestro programa estratégico. Solo para compartir alguna ilustración de esta propuesta, mencionemos que Finlandia, uno de los países considerados por los organismos internacionales como de mejor educación en el mundo, tiene solo 5% de educación privada. Uruguay, país vecino y hermano, no subsidia la escuela privada.

Hay que aumentar por ley el presupuesto de educación al 10% del PBI en base dejar de pagar la usuraria deuda externa y realizar una reforma impositiva que aumente los impuestos al capital financiero y a las grandes multinacionales. Por otro lado, así como se mantuvo el financiamiento nacional de las universidades, hacerlo con todo el sistema: renacionalizar el financiamiento para así garantizar la igualdad en el acceso a la educación para cualquier habitante de este país. De este modo, además de igualar el gasto por alumno de Jujuy a Tierra del Fuego, también podremos encarar un proyecto educativo más cercano a las urgencias que nos dejó la pandemia para recuperar lo perdido.

(Ver Nota I Lo que la pandemia nos dejó y cómo seguir en educación)

 

[1] Gasto en niñez y adolescencia en el presupuesto nacional. Segundo semestre 2021. https://www.unicef.org/argentina/media/12031/file/Gasto%20en%20ni%C3%B1ez%20y%20adolescencia%20en%20el%20presupuesto%20nacional.%20Segundo%20trimestre%20de%202021.pdf

 

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Sobre nosotros Laura Marrone

Legisladora Ciudad de Buenos Aires - FIT-Izquierda Socialista 2017-2019 Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) Trayectoria laboral Profesora de Enseñanza Superior (2012-2018) Maestra (1984-2012) Cajera de venta de hamburguesas (París 1981-1983) Mucama de hotel (París 1981) Empleada en fábrica metalúrgica (Madrid 1979-1981) Bibliotecaria (1973-1976) Trayectoria política Fue Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys (2010-2013) Vicepresidente de UMP-CTERA (1985-1989) Exiliada política por estado de sitio (1979-1983) Militó en la Liga Socialista de los Trabajadores de Francia y en el movimiento de los inmigrantes sin papeles de París Militó en Comisiones Obreras de España, en la rama metalúrgica en Getafe, España. Fue expulsada de España durante el Tejerazo. (1981) Presa política de la dictadura (1976-1979) Delegada de nivel superior en la UEPC-CTERA- Córdoba (1973-1976) Delegada estudiantil en la Facultad de arquitectura (1971-1973) Ingresó a la corriente morenista a la cual perteneció hasta la actualidad 1971-2018 en sus diferentes organizaciones. PRT-La Verdad (1971-1972, PST (1972-1983), MAS,(1983-2004) Izquierda Socialista (2011 y sigue). Militante del movimiento tercer mundista del catolicismo en Córdoba (1969-1971) Escribió libros de texto para el nivel primario y secundario para Estudios Sociales y Formación Ciudadana. Artículos sobre política educativa.

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