PENSIONES POR DISCAPACIDAD: Tiren del barco a los descartales

 

No terminaban de cerrarse las nuevas exigencias del FMI para seguir recortando el gasto público a fin de acordar el nuevo endeudamiento cuando presurosa la Agencia Nacional para la Discapacidad, dependiente de la Presidencia de la Nación, por medio de la Resolución 268/18, el 20 de setiembre procedía a poner en práctica lo que el año pasado tuvo que congelar: la intención de dar de baja pensiones por discapacidad por supuestas incompatibilidades Fueron “recomendaciones” del FMI. ReDI, Red por los derechos de las personas con discapacidad presentó un recurso de amparo contra la primera ofensiva en 2017. El 18 de setiembre de este año tuvo fallo favorable por parte del Juzgado Federal de Seguridad Social Nº 8. Este ordenó la restitución de alrededor de 70.000 pensiones.  La nueva resolución es también un contraataque a esa orden judicial.

La Agencia exige que en 10 días las personas que reciban notificación de la ANSES, deben probar que no incurren en incompatibilidad basándose en un decreto 437/97 de Menem. El mencionado decreto está cuestionado por inconstitucional ya que viola leyes posteriores como la Ley 26.378 por la que nuestro país adhiere a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es tan aberrante, que elimina el derecho a las pensiones a las personas que tengan un familiar con algún ingreso, jubilación, pensión, o algún bien como casa o auto. Se tratan de 5.667,41$, equivalente a 70% de una jubilación mínima[1], menos de 200$ por día que les son negados. El quite de pensiones por esta causa provoca verdaderos conflictos familiares y vuelve la vida de las personas con discapacidad más difícil aún. Los trámites para probar no ser incompatibles son engorrosos y dejan a personas vulnerables la responsabilidad de poder perder este mínimo ingreso en pocos días. O sea que, con ese monto, se supone que la persona paga un alquiler, se viste, paga sus alimentos y medicamentos. Si tiene resuelto el problema de vivienda, ¡no puede recibir la pensión!

Los funcionarios aducen que, con el nuevo control se corregirían abusos ya que muchas personas podrían trabajar. ¡Qué hipocresía! Amén de que estamos hablando de personas con más de 76% de incapacidad, es el propio gobierno quien no cumple con la Ley 22.431/97 y su modificatoria Ley 25.689/02 que establece el cupo laboral de 4% para las personas con discapacidad en todas las dependencias de la administración pública, universidades, entes autárquicos y empresas que brinden servicios al estado nacional. A 30 años de vigencia de esta norma, el Registro Nacional de cumplimiento de la misma reconoce que en el segundo semestre del 2017 solo 2.743 personas, el 0,91% de las plantas permanentes y/o transitorias, estaban empleadas en esas reparticiones[2]. Pero además, el registro es incompleto pues muchas entidades no respondieron y tampoco hay seguimiento de las empresas privadas que tienen contratos con el estado, por lo que podemos estimar que el porcentaje total es aún menor.

El descarte es más amplio

La Agencia Nacional para la Discapacidad comenzó a ser desmantelada mediante el despido de sus trabajadores y el cierre de dependencias en algunas provincias lo que ha dejado sin lugares de reclamo a amplios sectores. Se incumplen y retrasan las prestaciones del programa Incluir salud. No se garantiza la ley de Salud Mental y las personas afectadas son destinadas a hospitales que no están en condiciones de atenderlas. Los delegados de ATE denuncian que alrededor de 80.000 solicitudes de pensiones están congeladas desde hace dos años lo que ha conducido ya a 80 muertes de solicitantes. Además, el monto, inflación del 40% mediante, no se actualiza.

Según informe del INDEC publicado en julio de 2018, 10,2% de la población argentina, más de 4.400.000 personas, tiene algún tipo de discapacidad. Más preocupante aún, entre los menores de 35 años, la discapacidad mayor es de tipo mental-cognitiva, mientras que en los de más de 65 años, las dificultades mayores son motoras[3]. Una lectura simple nos está diciendo que el deterioro de las condiciones de vida de la población, la mala alimentación, el deterioro de la salud pública, ha aumentado las discapacidades cognitivas entre las jóvenes generaciones, comparadas con aquellas discapacidades que hacen al envejecimiento natural.  Podemos aventurar que, acuerdo con el FMI mediante, que anticipa hambre y miseria, esta tendencia se agravará. Un informe del propio estado reconoce que sólo el 34,3% de las personas con discapacidad tiene vigente el certificado por discapacidad. Quienes no lo poseen están excluidos de acceder a derechos como transporte, educación, salud específica. El 85% de las personas con discapacidad está sin empleo. En educación el problema es grave: se están cerrando escuelas especiales, no se garantizan los apoyos escolares para los niños integrados. No se brinda asistencia a los niños, hijos de discapacitados, cuyos padres muchas veces no han podido hacer los reclamos correspondientes.

Mientras el gobierno tira del barco a quienes considera descartables, diferentes asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidades, están organizando la lucha por apoyar a las personas afectadas por este nuevo artilugio para desposeerlas de elementales recursos de vida. Todos tenemos que sumarnos, para que la Resolución 268/18 sea anulada, se entreguen las pensiones solicitadas, se actualicen los montos y se cumpla la ley de cupo laboral vigente.  Esta lucha no puede estar desligada de la lucha más general que todos los trabajadores estamos haciendo y que tuvo un punto de alza en el contundente paro del 24 y 25 de setiembre pasado. Para continuar adelante con un plan de lucha contra el acuerdo con el FMI, para que la plata vaya a salud, educación, salarios y no para la pagar la deuda.

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2018

Laura Marrone

Legisladora electa CaBA

FIT-Izquierda Socialista

 

 

 

[1] https://www.econoblog.com.ar/68100/nuevo-monto-de-pensiones-no-contributivas-desde-junio-de-2018/

[2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_semestre_1_2017_v1.pdf

[3] https://www.infobae.com/discapacidad/2018/07/20/segun-el-indec-el-102-de-la-poblacion-de-la-argentina-tiene-algun-tipo-de-discapacidad/

 

ACTO EN CONGRESO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El miércoles 3 de octubre se realizó en Congreso en la concentración por los derechos de las personas con discapacidad a las pensiones que el gobierno quiere quitar. Habla en este momento Ana Dones de REDI, Red por los derechos de los discapacitados. Están presentes representantes de Asociaciones de electrodependientes, Comisiones de discapacitados de CTA, del ISPEE, profesorado de educación especial, A.FA. PPREE, de Profesionales, SUTEBA, víctimas del cierre del Hospital Español, Asociación de TGD- Padres, (autismo), entre otros.

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Sobre nosotros Laura Marrone

Legisladora Ciudad de Buenos Aires - FIT-Izquierda Socialista (2017) 2019 Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) Trayectoria laboral Profesora de Enseñanza Superior (2012-2018) Maestra (1984-2012) Cajera de venta de hamburguesas (París 1981-1983) Mucama de hotel (París 1981) Empleada en fábrica metalúrgica (Madrid 1979-1981) Bibliotecaria (1973-1976) Trayectoria política Fue Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys (2010-2013) Vicepresidente de UMP-CTERA (1985-1989) Exiliada política por estado de sitio (1979-1983) Militó en la Liga Socialista de los Trabajadores de Francia y en el movimiento de los inmigrantes sin papeles de París Militó en Comisiones Obreras de España, en la rama metalúrgica en Getafe, España. Fue expulsada de España durante el Tejerazo. (1981) Presa política de la dictadura (1976-1979) Delegada de nivel superior en la UEPC-CTERA- Córdoba (1973-1976) Delegada estudiantil en la Facultad de arquitectura (1971-1973) Ingresó a la corriente morenista a la cual perteneció hasta la actualidad 1971-2018 en sus diferentes organizaciones. PRT-La Verdad, PST, MAS, Izquierda Socialista. Militante del movimiento tercer mundista del catolicismo en Córdoba (1969-1971) Escribió libros de texto para el nivel primario y secundario para Estudios Sociales y Formación Ciudadana. Artículos sobre política educativa.

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