RECHAZAMOS EL DECRETO DE LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD

Desde el bloque del FIT presentamos una declaración para rechazar el decreto 908 llamado “Cobertura Universal de Salud” (CUS), pero el Interbloque “Vamos Juntos” se negó a tratarlo.

 

 

Proyecto N° 2778-2017:  DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara su rechazo al decreto 908, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS) y convoca a los trabajadores de Salud y los habitantes de la Ciudad a manifestar su oposición a fin de evitar la adhesión del Ejecutivo de la Ciudad a este avance contra el derecho de la Salud Pública.

FUNDAMENTOS

El Decreto 908/2016 de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo el título de “Cobertura universal de salud” (CUS), ha sido presentado como un ambicioso proyecto cuyo objeto sería hacer llegar los beneficios de la salud a toda la población resolviendo las carencias actuales del sistema sanitario. Una lectura atenta de sus considerandos y articulado, permite ver objetivos más modestos: por un lado, la devolución de fondos de las obras sociales que arbitrariamente retenía el gobierno nacional, hecho que en estas circunstancias es prenda de negociación de la reforma laboral. Y por otro lado, la asignación de parte de esos fondos, unos $8.000 millones de pesos, “por única vez” destinada “a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud”. El Decreto establece que esta importante suma quedará bajo el control compartido del gobierno nacional y los dirigentes sindicales de la CGT. A tal efecto se creará un Fideicomiso de Administración cuya Unidad Ejecutora estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos de la Superintendencia de Salud y dos de la CGT.

En el Anexo I del presente Decreto se enumeran las múltiples acciones que eventualmente se realizarán con esta suma. El primer lugar lo ocupa la “Identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud”. La lista es muy ambiciosa: se habla desde “Mejoramiento de los condicionantes sociales de salud” hasta “Acciones de Atención Primaria en Salud” pasando por “Fortalecimiento y modernización del sector público de salud” y tantos otros ítems que uno se pregunta: ¿cómo podrán resolverlos con tan magra suma?

Por su parte, el presidente Mauricio Macri en una carta abierta publicada por el diario El Tribuno de Salta (7/8/2016) dijo con claridad a qué actividad se dedicará esta multimillonaria suma. Anunció el Presidente que se van a “destinar $8000 millones a los hospitales y vamos a mejorar el sistema para que puedan cobrarles a las obras sociales de una manera rápida y fácil”.

En este mismo sentido, el ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus en declaraciones recogidas por el diario La Nación de Buenos Aires el 4/8/16, afirmó que para que el sistema de Cobertura Universal de Salud tenga éxito “es absolutamente necesario” complementarlo con dos herramientas de las que el Estado carece. La primera es que el sistema de atención pública sea capaz de facturar sus prestaciones. Con el carnet de la obra social, en el caso de los que tienen cobertura y la credencial inteligente que se propicia para los carentes de cobertura. La segunda herramienta, será un organismo designado por el Poder Ejecutivo que defina los tratamientos y procedimientos médicos para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la efectividad y si ingresan o no a la CUS. De cumplirse lo preconizado por el Ministro Lemus, el Decreto 908/2016 consolidaría la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente –con el estigmatizante “carnet de pobre”- y habilitaría el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios.

Este decreto revela todo su sentido cuando se lo considera en conjunto con la Ley 17.102/66 llamada Ley SAMIC. Promulgada por el Dictador Onganía en 1966, esta ley sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, habilita, en combinación con el Decreto 908, la privatización del sistema público de salud.

Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile o Colombia, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó, planificó y aplicó, se cuentan por decenas de millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Por todo lo expuesto consideramos que la adhesión al Decreto 908 del Poder Ejecutivo Nacional se aleja de una solución integral de los problemas de nuestro sistema de salud. En realidad, profundiza y consolida su fragmentación e irracionalidad y genera mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago. Es deber del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazar la llamada Cobertura Universal de Salud que propicia el Poder Ejecutivo Nacional

Por los motivos expuestos, se pide la aprobación de este proyecto de declaración.

Compartir:

No se admiten más comentarios